Presidente Bernardo Arévalo destaca logros en combate al crimen organizado en ENADE

PRESIDENTE BERNARDO ARÉVALO.

INTERVENCIÓN EN ENCUENTRO NACIONAL DE EMPRESARIOS POR EL DESARROLLO (ENADE 2026)

TEMA: “A PASO SEGURO: LA SEGURIDAD INTEGRAL ES EL CAMINO A LA PROSPERIDAD”

CIUDAD DE GUATEMALA. JUEVES 8 DE OCTUBRE DE 2026.

                                      

Muy buenas tardes a todos y a todas.

Miembros de la Junta Directiva de Fundesa.

Señores y señoras ministros.

Gracias por permitirme participar.

Autoridades de Gobierno, señora presidenta del Organismo Judicial.

Este es el vigésimo Encuentro Nacional de Empresarios (ENADE).

Durante veinte ediciones, Fundesa ha convocado a Guatemala a pensar sobre su futuro, a reflexionar sobre su futuro.

Reconozco esta constancia y agradezco la invitación a compartir este espacio con personas interesadas en contribuir desde el presente para imaginar y construir un futuro para el país.

Y en esa visión hacia el futuro del país, ENADE dedica toda su atención este año a un tema central: la seguridad.

Un trabajo de no solo un día, sino todo un año, con foros del más alto nivel dedicados al tema.

Y lo hace con razón, porque la seguridad es una base importante de cualquier proyección de desarrollo. Su ausencia, impide la inversión, limita la creación de empleo y no permite que la prosperidad sea sostenible en el tiempo.

Cada extorsión que paga un comerciante, cada territorio que controla el narcotráfico, cada quetzal que se lava es inversión que no llega, empleo que no se crea y oportunidades que se niegan a nuestras familias.

La Guatemala que queremos no puede construirse sobre una economía infiltrada por el dinero ilícito.

La seguridad es una base necesaria para el desarrollo y la prosperidad.

Fundesa ha propuesto a Guatemala una meta clara: reducir para el año 2036 la tasa de homicidios de 16.8 por cada cien mil habitantes, a ocho.

Una meta a diez años que solo podremos alcanzar si la asumimos en conjunto como sociedad, todas y todos.

Sabemos que sí es posible porque como país ya lo hemos logrado.

En 2009, Guatemala registró una tasa de 46.5 homicidios por cada cien mil habitantes, una de las más altas del mundo y aproximadamente un 177 por ciento mayor que la tasa actual.

Hoy, esa tasa se sitúa en 16.8.

En poco más de 15 años se redujo en dos terceras partes. Más de 30 puntos de tasa.

Los análisis del fenómeno indican que esta reducción fue producto de varios procesos interconectados que se reforzaron entre sí.

La apuesta por cambiar esa realidad se apoyó en tres pilares primero: la reforma judicial y el fortalecimiento del sistema de justicia.

Segundo, el desarrollo y la profesionalización de la Policía Nacional Civil, junto con la ampliación de su presencia territorial.

Y tercero, la coordinación y cooperación entre las instituciones de justicia y las fuerzas de seguridad para desarticular redes criminales y sus vínculos con el Estado.

Posiblemente habrá otros factores todavía poco estudiados, como el acelerado cambio demográfico que estamos experimentando en las últimas décadas, provocado por la masiva emigración de hombres jóvenes y la recién confirmada caída de la tasa global de fecundidad.

Esto habrá que estudiarlo, pero al menos tenemos claras evidencias de lo que sí ha funcionado en esos 15 años.

En este camino, hay que recordar, hubo años de estancamiento y hubo repuntes.

Y todavía hay territorios donde la violencia se concentra de forma alarmante.

Pero la tendencia de largo plazo ha sido de reducción sostenida y ha sido una tendencia que se ha mantenido atravesando distintos gobiernos.

Esta experiencia demuestra que cuando fortalecemos nuestras instituciones y trabajamos de manera coordinada, podemos proteger más vidas.

La propuesta de Fundesa sigue esta lógica sistémica y coincide con las prioridades de nuestro gobierno.

Plantea alcanzar la meta de 2036 a partir de tres pilares: instituciones fortalecidas, coordinación efectiva e inversión transparente y eficaz.

El primero, fortalecer las instituciones ha sido una convicción desde el inicio de nuestra gestión.

La seguridad se construye con una policía profesional, con capacidades de investigación y presencia territorial, con un sistema penitenciario fuerte que ejerce control y rompe la comunicación entre cárceles y calles que afectan a la población.

Fortalecer las instituciones también significa rechazar, sin ambigüedad, cualquier intento de que redes de corrupción las capturen.

No podemos aceptar estructuras que utilicen el poder público para servir a intereses ilícitos y protegerse de la justicia.

Ninguna estrategia de seguridad puede funcionar si las instituciones encargadas de ejecutarla responden a esos intereses y no al bien común.

Nuestro principio constitucional: defender la institucionalidad es en sí misma una política de seguridad.

En segundo, la coordinación efectiva es quizá el más difícil y el más necesario.

Ninguna institución puede enfrentar el fenómeno criminal, la violencia, sola.

La Policía captura El Ministerio Público investiga, los jueces sentencian y el Sistema Penitenciario debe impedir que el crimen se siga reproduciendo y dirigiendo desde las cárceles.

Por eso valoro especialmente que hoy las autoridades de las distintas instituciones del sistema de seguridad y justicia hayan firmado un convenio de cooperación para reunir esfuerzos en esta dirección.

El tercero, la inversión transparente y eficaz, nos recuerda que la seguridad tiene un costo, pero que la inseguridad cuesta mucho más.

Invertir en policía, en inteligencia, en infraestructura penitenciaria y en prevención, no es un gasto, es una inversión para crear las condiciones que permiten que la economía crezca y que el clima de negocios atraiga más inversiones que beneficien a nuestras familias.

Sabemos que los desafíos en esos pilares son enormes.

Por eso hemos ejecutado una estrategia integral de seguridad para recuperar el control territorial y fortalecer el Estado de derecho.

Las acciones incluyen la construcción de infraestructura penitenciaria de máxima seguridad, la profesionalización de la PNC y la Guardia Penitenciaria, la ruptura de comunicaciones criminales en cárceles, y objetivos y operativos conjuntos focalizados contra el crimen organizado para reducir los homicidios y las extorsiones mediante inteligencia, tecnología y coordinación interinstitucional.

Este año, nuestro Estado ha golpeado como nunca antes las estructuras, las finanzas y la logística del narcotráfico.

Entre enero y septiembre registramos más de dos mil 290 capturas vinculadas a la Narcoactividad.

750 miembros de Maras sacados de nuestras calles y 38 extraditables requeridos por la justicia internacional, detenidos.

Gracias al trabajo conjunto de nuestras fuerzas de seguridad, este año hemos incautado más de diez toneladas de drogas, llegando a la cifra histórica de 36 toneladas incautadas y destruidas desde que inició nuestro gobierno.

El golpe que esto implica a las economías narco-criminales, supera los tres mil 500 millones de quetzales.

Cada cargamento interceptado, cada envío, lavado de dinero incautado es un recurso menos para el crimen y una señal clara que nuestras rutas, puertos y fronteras no están a su disposición.

Hemos sostenido la misma firmeza frente a las pandillas y las redes de extorsión.

Gracias a eso, hemos logrado reducir en un 40 por ciento las extorsiones.

Intensificamos los operativos en todo el territorio para desarticular las estructuras que amenazan a comerciantes, transportistas y familias.

Y cuando intentaron desafiar al Estado desde las cárceles, la respuesta fue recuperar el control sin ceder a sus exigencias.

Sabemos que el crimen organizado reacciona cuando lo golpeamos y que este camino tiene costos muy duros.

Tenemos agentes que han pagado con su vida y les debemos nuestro reconocimiento a ellos y a sus familias.

Pero nuestro mensaje es contundente.

El Estado de Guatemala no negociará su autoridad.

Estos resultados son el fruto coordinado entre la Policía Nacional Civil, el Ejército de Guatemala y el Ministerio Público, y han contado con el apoyo de la cooperación internacional.

Y por eso hemos realizado y priorizado las inversiones necesarias para darle las herramientas y condiciones óptimas a nuestras fuerzas de seguridad.

Hemos graduado a nueve mil 316 nuevos agentes de la Policía Nacional Civil en estos casi tres años y cerraremos nuestra administración cumpliendo nuestra meta de tener doce mil nuevos agentes para toda Guatemala.

Esta labor policial ha estado acompañada de un proceso de dignificación. Se aumentó el bono mensual de alimentación y se habilitaron más de 60 instalaciones entre comisarías, estaciones y subestaciones desde el año 2024.

Antes de que terminemos este año, van a ver ustedes más de mil patrullas y mil motocicletas nuevas al servicio de la PNC en nuestras calles para fortalecer la movilidad y la cobertura territorial.

Para combatir el narcotráfico, nuestras fuerzas de seguridad necesitan el armamento y el equipo adecuados.

Por eso hemos adquirido diez mil pistolas nuevas y cinco millones de municiones para la Policía Nacional Civil.

También hemos invertido más de cinco millones de dólares en la adquisición de más de catorce mil piezas de armamento y accesorios para equipar a las unidades militares que participan en esta lucha, incluidos fusiles, ametralladoras, lanzagranadas y cargadores.

Con esta inversión fortalecemos la protección de nuestras fronteras, la defensa del territorio y el combate al narcotráfico y al crimen organizado transnacional.

El Sistema Penitenciario ha sido una prioridad dentro de esta estrategia integral.

Durante cuatro décadas se dejó de invertir en la infraestructura penitenciaria. Nosotros decidimos cambiar esta realidad.

En Morales, Izabal, estamos construyendo la cárcel de El Triunfo, una cárcel de máxima seguridad, con capacidad para más de dos mil privados de libertad de alta peligrosidad, en un terreno que antes estuvo en manos del narcotráfico y ahora estará al servicio de la población.

Antes de que termine el año, estaremos licitando y adjudicando la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad en Masagua, Escuintla.

Las cárceles deben dejar de ser centros de operación del crimen y convertirse en lugares donde la sanción se cumple.

Cuando la sanción se cumple, la justicia es creíble.

Por eso también estamos iniciando la modernización de ocho centros penitenciarios adicionales y se realizará una inversión inicial estimada en diez millones de quetzales para implementar sistemas avanzados de bloqueo de señal en los siete centros penitenciarios de mayor riesgo.

Hemos optimizado, además, el sistema de control telemático, permitiendo formas de cumplimiento de condena fuera de las cárceles y ahorrando, de esa manera, 22 millones de quetzales para el Estado y aumentando la capacidad técnica de monitoreo hasta tres mil personas.

Estos esfuerzos han estado acompañados de la graduación de 492 guardias penitenciarios en enero del 2025 y en los próximos días, ustedes serán testigos de la graduación de 301 integrantes de la nueva Guardia Penitenciaria, que está destinada específicamente a la cárcel de máxima seguridad de El Triunfo.

Toda esta inversión tiene un objetivo claro, que es proteger la vida.

En los primeros siete meses de este año se han registrado menos homicidios que en el mismo período del año anterior, y la tasa ha bajado de 17.7 a 16.8 por cada cien mil habitantes.

No es suficiente y seguiremos trabajando para asegurar la reducción sostenida.

Pero lo que se ha alcanzado hasta ahora no es un asunto trivial.

Detrás de cada reducción, de cada punto de reducción en la tasa, hay vidas humanas salvadas.

Frente a los desafíos actuales, nosotros hemos asumido tres compromisos concretos.

Primero, cumplir la meta de nuevos policías con la formación, el equipo, el recurso móvil y el respaldo institucional necesarios para proteger a la población.

Como dije anteriormente, hay resultados contundentes y los próximos meses serán testigos de más.

Segundo, enfrentar los delitos que ahora se cometen desde un teléfono, desde una computadora o desde cualquier dispositivo electrónico.

Para ello debemos abordar juntos el desafío de la ciberseguridad. Guatemala lleva 17 años discutiendo una ley en esta materia y en los últimos cinco años apenas se han logrado cinco condenas por alteración de información.

Mientras tanto, las amenazas digitales crecen y afectan a empresas, instituciones y ciudadanos.

Reconozco el trabajo del Congreso de la República, cuyas comisiones han acompañado esta discusión con seriedad y han logrado recientemente dar dictamen a una de las iniciativas que se viene discutiendo, una ley de ciberseguridad técnicamente sólida y con una gobernanza clara y coherente.

La acompañaremos de un reglamento efectivo y nos aseguraremos de que cuente desde el primer día con presupuesto y capacidades reales.

Tercero, continuaremos con el fortalecimiento del Sistema Penitenciario, con las inversiones que expuse y poniendo en marcha un sistema de clasificación de privados de libertad, que se pondrá en implementación en las cárceles de El Triunfo y Masagua.

No se trata simplemente de agregar dos establecimientos penitenciarios grandes al sistema en Guatemala.

Se trata de transformar las prácticas penitenciarias de manera que se pueda asegurar que las cárceles sean efectivamente centros de cumplimiento de condenas y no centros de reproducción de la criminalidad.

Este esfuerzo incluye la formación de los integrantes de la nueva Guardia Penitenciaria para estos establecimientos.

No vamos a pasar a los miembros de la vieja Guardia Penitenciaria a los nuevos establecimientos.

Estamos formando un nuevo equipo que será dedicado exclusivamente a atender esos establecimientos.

Los gobiernos cambian, cambian las autoridades y cambian los funcionarios, algunos más que otros.

A mi gobierno le quedan 14 meses, pero los desafíos de Guatemala permanecen, y si no los enfrentamos juntos, se nos van acumulando.

Desde el Gobierno, nosotros hemos asumido nuestra responsabilidad: dejar bases institucionales, capacidades, equipo moderno y proyectos ordenados, documentados y en marcha para que quienes nos sucedan puedan continuar y construir sobre este esfuerzo.

Trabajamos para que Guatemala sea un centro logístico e industrial para la región, con rutas, puertos y fronteras al servicio del comercio legítimo.

Algunos resultados requieren más de un periodo de gobierno.

Por eso, la meta que hoy nos plantea Enade debe ser un compromiso de país sostenido por toda la sociedad, porque nuestra aspiración a convertirnos en un centro logístico de primer orden no va a ser alcanzable si no le damos una respuesta clara y contundente al crimen organizado.

A ustedes, al sector empresarial organizado, los invito a sostener este esfuerzo más allá del Enade, a medir y fiscalizar para ayudar a este y a futuros gobiernos a mejorar y a poner su capacidad técnica y económica al servicio de soluciones concretas y sostenibles.

Pero necesitamos también a las comunidades en todo el territorio y necesitamos a la academia, necesitamos en realidad a toda una sociedad que tenga claro que no es aceptable vivir en una sociedad en donde se normaliza la violencia y el crimen.

La seguridad se construye con perseverancia y con visión de país.

Si sostenemos este compromiso, en 2036 podremos vivir efectivamente en una Guatemala donde la seguridad permita más desarrollo, más inversión, bienestar compartido, empleo y oportunidades para todos y para todas.

Cumplamos este objetivo.

 

Muchas gracias.