Ante la serie de hechos violentos que alteraron el orden público y atentaron contra la integridad de elementos de las fuerzas de seguridad que resguardaban el orden en el municipio del Estor, Izabal el Gobierno de Guatemala hace saber a la Opinión Pública

Manifestamos nuestra preocupación por la situación de hostilidad que se vive en estos momentos en El Estor, Izabal, en donde, luego de 17 días de bloqueos ilegales por parte de un pequeño grupo de personas que se presume no residen en la zona, fueron heridos con arma de fuego cuatro elementos de la Policía Nacional Civil. Adicionalmente, resultaron gravemente heridos otros 13 agentes de las fuerzas de seguridad a manos de manifestantes que portaban piedras, machetes, bombas artesanales y otras armas de fuego.

Otra de las ilegalidades que se están cometiendo es que este grupo de personas que están alterando el orden, bloquean el paso incluso a los pobladores de la zona y han llegado al extremo de requerirles pago para dejarlos pasar.  

La resolución mediante la cual el Ministerio de Energía y Minas (MEM) concedió el derecho minero denominado extracción minera Fénix, a la entidad Compañía Guatemalteca de Niquel (CGN), está suspendida desde el 17 de febrero de 2021, acatando la orden directa de la Corte de Constitucionalidad (CC).  Es importante indicar que otras actividades, como la planta procesadora y otros derechos mineros de la zona que funcionan desde hace varias décadas, no están relacionados con la resolución referida, por lo que, actualmente, su operación está vigente y se considera apegada a la ley. 

El proceso de pre consulta que inició el pasado 28 de septiembre respecto a la extracción minera Fénix, ubicada en El Estor, Izabal, y cuya área de influencia alcanza dicho municipio y el de Panzós, Alta Verapaz, se encuentra cumpliendo a cabalidad lo estipulado por la CC en la Sentencia de fecha 18 de junio de 2020, dentro del Expediente No. 697-2019.

Contrario a lo que asegura la PDH en su comunicado, el MEM en cumplimiento de la resolución de mérito convocó para el desarrollo de la pre consulta a los sujetos e instituciones de acuerdo a las pautas contenidas en la parte resolutiva de la misma. Este extremo fue ampliamente difundido en los medios de comunicación a nivel nacional.

Para el caso del Pueblo Indígena Maya Q’eqchi’, el MEM solicitó al representante de pueblos mayas del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, tal como lo indica el artículo 26 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, que señala a las instituciones representativas de dicho pueblo, habiéndose obtenido la respuesta correspondiente se procedió a convocar a las instituciones respectivas.

Lamentamos el craso desconocimiento de la PDH en el marco de un proceso durante el cual, de acuerdo a la CC, deben participar como observadores y que ahora vemos reflejado con acciones y pronunciamientos que contribuyen a mal informar a la población, poniendo en riesgo a quienes no comparten la opinión o ideología de personas y organizaciones que promueven la violencia entre la población de El Estor.

Adicionalmente, se le hace un llamado al Procurador de los Derechos Humanos a que cumpla su mandato legal y gire instrucciones a la delegación departamental que corresponde para que atienda el llamado de las fuerzas de seguridad y atienda las diligencias debidas. Como consta en actas notariales, se ha convocado a representantes de la PDH para que verifique lo que sucede en lugar habiendo desoído ese llamado.

La situación descrita arriba lesiona el diálogo y los esfuerzos para alcanzar la paz social. Incluso ayer, durante la segunda reunión de pre consulta respecto al proyecto en mención, los representantes del Pueblo Maya Q’eqchi’ presentes solicitaron a la PDH que cesara de mal informar a los medios de comunicación ya que ponía en riesgo sus vidas y la integridad de sus familias.

Para finalizar, hacemos un llamado a la concordia, a no dejarse llevar por información errónea y malintencionada y sumarse a los esfuerzos emprendidos por el Gobierno de la República para procurar el bienestar de toda la población.  

 

Se adjuntan a este comunicado, evidencias de lo aquí descrito.

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